En un video publicado en la cuenta del Ministerio Público, la Fiscal General Consuelo Porras le dice al presidente Arévalo: «le recuerdo que ya no es un candidato, es el presidente de Guatemala. Haga algo por la gente…» y enumeró varias falencias o negligencias que, según ella, son responsabilidad de la gestión presidencial.
Afirmó que el Ministerio Público es el pilar fundamental de la democracia guatemalteca y que es la institución encargada de velar por los derechos humanos, a pesar de que el mandato constitucional no está asignado al Ministerio Público; se desarrolla en la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador de los Derechos Humanos, Decreto Legislativo No. 54-86, reformado por el Decreto No. 32-87 del Congreso de la República de Guatemala, expresamente dice:
El Procurador de los Derechos Humanos es un comisionado del Congreso de la República para la defensa de los derechos humanos que la Constitución garantiza.
Siguiendo con su alocución, comentó que presentó ante la Corte de Constitucionalidad la debida ejecución de la resolución de amparo provisional otorgado el 8 de mayo de 2024. La cual, debería separar de sus cargos a las siguientes autoridades y un funcionario público:
- Secretario General de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero Garnica
- Procurador General de la Nación, Julio Roberto Saavedra Pineda
- Ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos
- Secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo Vila
- Y solicita la iniciación de proceso penal contra el presidente Bernardo Arévalo de León
Finalizó con una frase y ademanes duros y exagerados: «… señor presidente, deje de mentirle a la gente, sea serio y póngase a trabajar… sea proactivo, sea responsable y cumpla»
Si la Corte de Constitucionalidad acepta las demandas de la fiscal Porras, este juego de ajedrez casi estaría llegando a su final. Los poderes que se han constituido en oposición al gobierno de Arévalo se fortalecerían aún más, en sus diferentes trincheras (Organismos Judicial y Organismo Legislativo) y entre las posibilidades, se esperaría una pronta destitución del Presidente Arévalo.
Aunque, no todo está perdido, porque la cuestión es de interpretaciones jurídicas, legalidad y pruebas o justificaciones reales y tomar en cuenta también, el derecho de antejuicio del que goza el presidente.
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