La justicia guatemalteca vive una nueva sacudida tras la emisión de órdenes de captura contra exoperadores de justicia, vinculados a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI). La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal atendió una solicitud presentada por la FECI, respaldada por la Fundación contra el Terrorismo, y giró las órdenes por delitos como asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión.
Entre los señalados figuran Iván Velásquez, excomisionado de la CICIG y actual embajador designado de Colombia ante la Santa Sede, y Luz Adriana Camargo, fiscal general de Colombia. También se ordenó la captura de figuras clave como Thelma Aldana (exfiscal general), Mayra Véliz (exsecretaria del MP), Juan Francisco Sandoval (exjefe de la FECI), Eva Sosa, Rudy Herrera y Mayra Girón (exfiscales), así como Juan Pablo Carrasco (expresidente de AMCHAM) y Luis David Gaytán (exmandatario de la CICIG).
Según el Ministerio Público, estas personas habrían negociado expedientes del caso Odebrecht a cambio de favores políticos o dinero. Se les acusa de manipular la justicia, incluso fabricando casos penales contra quienes no accedían a sus demandas. Las autoridades guatemaltecas han solicitado la difusión roja a Interpol para su captura internacional.
Controversia internacional:
El gobierno de Guatemala emitió un comunicado oficial rechazando enfáticamente las órdenes de captura contra los funcionarios colombianos, afirmando que «carecen de sustento legal y vulneran los acuerdos internacionales de Naciones Unidas relativos al establecimiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)». Este pronunciamiento ha tratado de reducir la tensión diplomática con Colombia y puesto nuevamente en el centro del debate el papel de la justicia guatemalteca.
Mientras tanto, los funcionarios colombianos ya se pronunciaron, el exx comisionado de CICIG a trevés de sus redes sociales y la fiscal de Colombia en una conferencia de prensa ofrecida a los medio s de ese país.
Contraste judicial:
Mientras se persigue a exfiscales anticorrupción, la Sala Primera de Mayor Riesgo confirmó el cierre del caso Odebrecht a favor del excandidato presidencial Manuel Baldizón. La jueza Abelina Cruz argumentó que las pruebas presentadas por la FECI no eran suficientes para sustentar delitos como lavado de dinero, asociación ilícita y cohecho pasivo.
Baldizón fue extraditado desde EE.UU. en 2022 y ya había enfrentado procesos por este caso y por el caso Transurbano, ambos ahora cerrados. La Procuraduría General de la Nación impugnó la resolución y acudió a la Corte Suprema de Justicia en busca de revertirla.
El contraste entre la persecución penal contra exfuncionarios de justicia y la liberación de Baldizón ha desatado críticas de organismos nacionales e internacionales, que cuestionan la independencia judicial en Guatemala.
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